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CLADE: Carta de Bogotá 26 de octubre, 2018

“Es necesario que la educación esté - en su contenido, en sus programas y en sus métodos - adaptada al fin que se persigue: permitir al hombre y a la mujer llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la cultura y la historia (...) una educación que liberte, que no adapte, domestique o sub juzgue” (Paulo Freire)

 

La X Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), realizada en Bogotá, Colombia, del 22-26 de octubre 2018, contó con la participación de más de 80 personas provenientes de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos sociales y academia de 19 países, teniendo lugar en un contexto de intensas, legítimas y pacíficas movilizaciones sociales por el derecho a la educación en el país, las cuales claman por mayor financiamiento a la educación pública y participación de los sujetos de la comunidad educativa en la definición de las políticas públicas.

 

Esta Asamblea tiene lugar en los días que anteceden un preocupante proceso electoral en Brasil, con el ascenso de discursos neofascistas y discriminatorios, que enaltecen a la dictadura y amenazan la democracia y los derechos humanos en el país, así ́como en toda nuestra región. Este encuentro coincide con los días de la caravana de migrantes que partió de Honduras y que ya suma más de 7000 personas que están en este momento en México caminando hacia la frontera con Estados Unidos, huyendo de la violencia y violaciones múltiples de derechos humanos. Caso especial en este sentido es el de Nicaragua, en donde la criminalización de la protesta se ha endurecido en los últimos meses.

 

Nos reunimos en una coyuntura crítica, de un gran debilitamiento de las democracias, con el creciente ascenso de grupos ultraderechistas a los gobiernos y el desarrollo de ajustes económicos neoliberales en varios de los países de la región, que recortan las asignaciones de recursos públicos a la educación, la salud y la protección social, facilitando las privatizaciones y ampliando aún más las desigualdades. Como forma de resistir a estos perversos procesos, son múltiples las reacciones de la ciudadanía y protestas por parte de los sectores y movimientos, incluyendo el estudiantil, a lo que se responde con la criminalización y represión.

 

Observamos el crecimiento de corrientes neoconservadoras, expresadas especialmente a través de fundamentalismos religiosos y respaldadas por los grandes conglomerados mediáticos, así como las corrientes autoritarias y neomilitaristas que promueven la construcción de sociedades rígidamente controladas a todos los niveles, incluyendo, los territorios y hasta los cuerpos, lo que pone en riesgo los avances logrados en la agenda de derechos.

 

Al mismo tiempo, nos sentimos interpelados por las grandes transformaciones estructurales en curso, especialmente en el plano tecnológico, que nos enfrentan a dilemas civilizatorios de grandes dimensiones por el uso deshumanizador de las neurociencias, la robótica, la inteligencia artificial y muchos otros procesos conexos, sustentadas en posturas racistas, machistas, misóginas y patriarcales, que pretenden dividirnos entre seres humanos imprescindibles y seres humanos irrelevantes, detrás de las cuales se esconden los intereses y el poder de las élites dominantes.

 

Estas transformaciones estructurales y estos dilemas nos convocan a participar activamente en la construcción de sociedades esencialmente democráticas, más igualitarias y pacíficas, donde predominen la libertad, la solidaridad y “lo común”, aquello que nos une por encima de todo lo que nos separa, real o artificialmente.

 

Nuestros sistemas educativos no son ajenos a estas complejas dinámicas. Todas estas tendencias los afectan centralmente y, en este marco, resulta particularmente preocupante el ascenso y la generalización de las denominadas “escuelas seguras”, basadas en una perspectiva militarizada, atentando en contra de pedagogías emancipadoras, reflexivas y democráticas. De la misma manera, el crecimiento de los obstáculos en contra de la igualdad de género, así como a la igualdad de derechos para las poblaciones LGTBI+Q, se expresan también en la promoción del retiro de todos estos componentes del currículo educativo público, afectando centralmente los programas de educación sexual integral y de promoción de la convivencia escolar.

 

El derecho a la educación pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad para todas y todos está en riesgo en América Latina y el Caribe, así como su sentido está en profunda disputa. Hay un ataque a las universidades públicas en muchos países de la región, con procesos de grave desfinanciación, pérdida de autonomía de cátedra y de investigación, endeudamiento estudiantil, censura y criminalización. Asimismo, se están poniendo en marcha reformas educativas de la secundaria que atentan en contra el derecho a la educación y al derecho a la participación de estudiantes y docentes en su definición. Dichas reformas valoran las matemáticas y lecto escritura por encima y en detrimento de todas las demás áreas de conocimiento, que se ven reducidas o eliminadas del currículo. Las humanidades, el arte y el deporte son marginados, afectando directamente a la promoción del pensamiento crítico, de la imaginación y la creatividad, y de dimensiones relacionales de enorme importancia.

 

Además, hay una arremetida intensiva que promueve las pruebas estandarizadas, especialmente de carácter internacional, como única medida de calidad educativa, que viene incidiendo directa y profundamente sobre los procesos políticos pedagógicos, las relaciones de convivencia e incluso en la geopolítica educativa. Dichas pruebas condicionan los sistemas educativos a una perspectiva reduccionista y utilitarista de la educación, conllevando a una profunda estandarización de los procesos educativos, a una competencia intensa entre estudiantes, entre docentes y entre centros educativos, a la homogenización de las personas y su deshumanización, en la medida que rechaza cualquier diversidad, singularidad, y contexto histórico, cultural y territorial.

 

Subrayamos que la perspectiva que sobrevalora logros académicos por encima de otras dimensiones fundamentales de la educación, como la reflexión, la creatividad, el cuidado, el juego, la socialización y la participación, también afectan a la educación en la primera infancia, en directa contradicción con los preceptos del Comité de los Derechos del Niño. Con relación a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, observamos su baja prioridad en las políticas públicas y en el presupuesto educativo de los países, así como la falta de oportunidades de preparación de su magisterio y la estigmatización de su población estudiantil, revelando un inaceptable desprecio por estos sectores de población.

 

Aún frente a escenarios tan complejos, retadores y regresivos, la CLADE reconoce la movilización de gran alcance y relevancia de movimientos sociales y populares en toda América Latina y el Caribe, en especial de los movimientos estudiantiles, de docentes, de mujeres y personas LGTBI+Q, que han sido fundamentales en ofrecer alternativas y resistencia a la ofensiva neoliberal y a las tendencias neoconservadoras que atentan contra los derechos humanos y las políticas sociales en la región.

 

AFIRMAMOS:

 

Que el derecho a la educación tiene como correlato obligaciones ineludibles de los Estados, que deben respetar, proteger y realizar este derecho fundamental, garantizando a todas las personas el disfrute y acceso a la educación pública, gratuita, laica, inclusiva, de calidad y costeada por el Estado. Esta obligación está relacionada con la necesidad de dignificar, valorar y asegurar condiciones para el trabajo docente, avanzar en el financiamiento de la educación sin cualquier retroceso y asegurar acceso a la justicia y mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de este derecho.

 

Que la realización del derecho humano a la educación requiere el fortalecimiento y desarrollo de las condiciones democráticas en los establecimientos y en el modelo de gestión del sistema educativo, lo que a su vez pasa por el ejercicio pleno de los derechos humanos en el aula.

 

Que el concepto del derecho humano a la educación debe dialogar con la cosmovisión de los pueblos originarios, con el Sumaq Kausay o el Suma Qamaña, cuyos principios de reciprocidad, y complementariedad nutrirían la formulación de nuevos modelos educativos comprometidos con la formación de personas para una relación armónica con la naturaleza y entre todos los seres humanos, puntos básicos para la sociedad contemporánea que apuntala el individualismo, la dispersión y el desastre del planeta debido al cambio climático.

 

Que la educación trasciende el mero acceso a la escolarización formal, abarcando también la educación comunitaria y popular, siempre con el objetivo de desarrollar un amplio rango de experiencias de vida y procesos de aprendizaje que permitan a las personas desarrollar sus personalidades, talentos y habilidades para vivir una vida plena en la sociedad. En consecuencia, defendemos la naturaleza emancipadora y garante de derechos de la educación, que exige la transformación de nuestras sociedades hacia sociedades inclusivas e igualitarias, en las que el arte, la cultura y la comunicación se despliegan para aportar a la plena realización de todos los seres humanos.

 

INSTAMOS

 

A que los Estados se comprometan con la realización del derecho humano a una educación pública de calidad, gratuita, laica, inclusiva y emancipadora para todas y todos, a lo largo de toda la vida, capaz de transformar el presente y el futuro de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas desde el fomento al pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, imaginar y construir otros mundos posibles. Una educación digna, que como defendía Paulo Freire, esté basada en un compromiso ético y político de superación de las múltiples desigualdades y de toda forma de discriminación, para concretar una sociedad libre de opresión, explotación y exclusión.

 

A que los Estados consoliden sistemas públicos educativos que sean promotores y garantes de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de la madre tierra y que recuperen y reflejen el acumulado histórico de conocimientos de toda la humanidad. Una educación despatriarcalizadora y decolonizadora, que valora y tiene en cuenta la diversidad de saberes y de cosmovisiones de los distintos pueblos.

 

A que los sistemas educativos promuevan escuelas como espacios de encuentro, debate y coconstrucciones, fomentando la participación en pie de igualdad y practicando la democracia. Los principios de la educación popular nos enseñan que la educación debe ser dialógica, desde y para la promoción de relaciones horizontales con y entre educadoras/es y educandas/os, y desde pedagogías y prácticas promotoras de conciencia crítica respecto al mundo en que vivimos.

 

Al inmediato cese de todas las formas de censura, persecución, criminalización, represión y violencia y respeten a los sujetos de la comunidad educativa y sus legítimas y pacíficas manifestaciones y protestas. A que se garantice el derecho a la educación en las situaciones humanitarias y de conflicto, durante las rutas migratorias y en los países de acogida de poblaciones migrantes y refugiadas y establezcan mecanismos de protección y cuidado, con especial atención de la niñez y adolescencia.

 

REAFIRMAMOS:

 

Nuestro compromiso irrenunciable con el fortalecimiento de las democracias y la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos, que debe incluir a las mujeres, las personas jóvenes y estudiantes, a los grupos históricamente discriminados por razón de género, etnia, edad, lengua, orientación sexual y discapacidad, entre otros.

 

Nuestro compromiso a favor de la decolonización, despatriarcalización y, en general, por el fortalecimiento de las visiones humanistas y emancipadoras de la educación, que incluye la promoción de la convivencia pacífica en las escuelas, las masculinidades alternas, la promoción de los entornos colectivos de aprendizaje, la educación popular y la apertura de las escuelas a sus comunidades.

 

¡¡Por una educación emancipadora y garante de derechos!!

 

Bogotá, 26 de octubre del 2018.