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Justicia fiscal para lograr la justicia educativa

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En Dakar se reúnen líderes educativos de gobiernos del todo el mundo

El objetivo previsto para esta reunión es que los donantes  se comprometan a aportar  $ 3.1 billones destinados  a políticas educativas en, al menos,   65 países en desarrollo.   Se espera que muchos gobiernos de países de menores ingresos  cumplan también con  el  compromiso de aumentar el financiamiento interno para la educación.  

Garantizar mayor y mejor educación básica, acabar con el analfabetismo, incrementar el número de docentes y dignificar su profesión son retos que deben abordarse de manera conjunta y exigen respuestas integrales.   

La reivindicación que desde la sociedad civil se hace es que los países en  desarrollo comprometan al menos el 20% de los presupuestos nacionales a la educación.   Sin embargo, en países con ingresos bajos o muy bajos, esto significa una inversión muy por debajo de la necesaria para garantizar el derecho a la educación de todas las personas.

¿Cómo aumentar los ingresos  disponibles de manera sostenible  para que los gobiernos de los países más empobrecidos inviertan lo necesario en educación?    Una medida tan urgente como ineludible  es el desarrollo de políticas fiscales internas y globales justas.  Action Aid  estima que los gobiernos de los países en desarrollo pierden por lo menos $ 100 mil millones cada año debido a prácticas fiscales dudosas de las multinacionales. Esta organización internacional calcula que los países en desarrollo “regalan” más de $ 138 mil millones cada año en incentivos fiscales nocivos, a pesar de que la investigación muestra que asegurar dichos incentivos está cerca del final de la lista de criterios que usan las empresas para elegir dónde invertir. 

Invertir más en educación es la primera medida que debe tomarse para alcanzar la justicia educativa,  pero no es suficiente invertir MAS y MEJOR es la solución.   Invertir mejor supone que los gobiernos muestren sensibilidad  a la hora de establecer las prioridades.   No podemos alcanzar la justicia educativa sin equidad, por eso los gobiernos tienen la obligación de destinar los recursos a los colectivos que están en mayor desventaja  y más los necesitan como las niñas, personas con necesidades especiales  o los pueblos indígenas. 

Por otro lado, garantizar el acceso es el primer paso necesario, pero la brecha de la calidad en la educación no deja de crecer y la desigualdad educativa entre países y al interior de los mismos países es una lacra que hay que afrontar de manera urgente.  Los gobiernos deben destinar recursos a la mejora de la calidad y eso significa formación de profesorado, mejores herramientas y prácticas  pedagógicas, adaptaciones curriculares,…      

Por lo tanto,  el aumento de la inversión y la mejora de la misma, a través de la priorización de los colectivos y etapas educativas a atender, con criterios de equidad y  la inversión en la mejora de la calidad.  

La Alianza Global para la Educación que estos días en Dakar fija sus compromisos de financiación para los próximos tres años,  puede jugar un papel fundamental  apoyando a gobiernos y donantes a involucrarse en la lucha por la justicia educativa   que solo podrá alcanzarse si antes se asegura una justa redistribución de la riqueza a través de políticas fiscales justas.

  

 

Por: Lucia Rodríguez

        Eje Acción pública

 

En Dakar se reúnen líderes educativos de gobiernos del todo el mundo

El objetivo previsto para esta reunión es que los donantes  se comprometan a aportar  $ 3.1 billones destinados  a políticas educativas en, al menos,   65 países en desarrollo.   Se espera que muchos gobiernos de países de menores ingresos  cumplan también con  el  compromiso de aumentar el financiamiento interno para la educación.  

Garantizar mayor y mejor educación básica, acabar con el analfabetismo, incrementar el número de docentes y dignificar su profesión son retos que deben abordarse de manera conjunta y exigen respuestas integrales.   

La reivindicación que desde la sociedad civil se hace es que los países en  desarrollo comprometan al menos el 20% de los presupuestos nacionales a la educación.   Sin embargo, en países con ingresos bajos o muy bajos, esto significa una inversión muy por debajo de la necesaria para garantizar el derecho a la educación de todas las personas.

¿Cómo aumentar los ingresos  disponibles de manera sostenible  para que los gobiernos de los países más empobrecidos inviertan lo necesario en educación?    Una medida tan urgente como ineludible  es el desarrollo de políticas fiscales internas y globales justas.  Action Aid  estima que los gobiernos de los países en desarrollo pierden por lo menos $ 100 mil millones cada año debido a prácticas fiscales dudosas de las multinacionales. Esta organización internacional calcula que los países en desarrollo “regalan” más de $ 138 mil millones cada año en incentivos fiscales nocivos, a pesar de que la investigación muestra que asegurar dichos incentivos está cerca del final de la lista de criterios que usan las empresas para elegir dónde invertir. 

Invertir más en educación es la primera medida que debe tomarse para alcanzar la justicia educativa,  pero no es suficiente invertir MAS y MEJOR es la solución.   Invertir mejor supone que los gobiernos muestren sensibilidad  a la hora de establecer las prioridades.   No podemos alcanzar la justicia educativa sin equidad, por eso los gobiernos tienen la obligación de destinar los recursos a los colectivos que están en mayor desventaja  y más los necesitan como las niñas, personas con necesidades especiales  o los pueblos indígenas. 

Por otro lado, garantizar el acceso es el primer paso necesario, pero la brecha de la calidad en la educación no deja de crecer y la desigualdad educativa entre países y al interior de los mismos países es una lacra que hay que afrontar de manera urgente.  Los gobiernos deben destinar recursos a la mejora de la calidad y eso significa formación de profesorado, mejores herramientas y prácticas  pedagógicas, adaptaciones curriculares,…      

Por lo tanto,  el aumento de la inversión y la mejora de la misma, a través de la priorización de los colectivos y etapas educativas a atender, con criterios de equidad y  la inversión en la mejora de la calidad.  

La Alianza Global para la Educación que estos días en Dakar fija sus compromisos de financiación para los próximos tres años,  puede jugar un papel fundamental  apoyando a gobiernos y donantes a involucrarse en la lucha por la justicia educativa   que solo podrá alcanzarse si antes se asegura una justa redistribución de la riqueza a través de políticas fiscales justas.

  

 

Por: Lucia Rodríguez

        Eje Acción pública