Sin equidad en la financiación, no hay derecho a la educación

Fe y Alegría y la CLADE siguen en persona el evento de lanzamiento del Informe GEM de UNESCO 2026 #YourStoryCounts

El Informe GEM 2026 de UNESCO se ha presentado hoy en un evento de jornada completa en la sede de la UNESCO en París al que acudía Macarena Romero, del equipo de Acción Pública de la Federación Internacional Fe y Alegría representando también a la Campaña Latinoamericana de la CME. 

El nuevo informe insta a los países a comprometerse con la equidad para mejorar el acceso a la educación y subraya la necesidad de aprender de las experiencias históricas de diferentes países y de comprender qué impulsa el cambio a gran escala, en lugar de optar por soluciones rápidas. Un elemento central de este argumento es el llamado a una mayor apropiación nacional de la agenda educativa internacional: que los países establezcan sus propios objetivos ambiciosos pero alcanzables, basados ​​en sus contextos particulares y responsables ante todo ante sus ciudadanos. 

A pesar de los reiterados objetivos que abogan por el acceso universal, hoy aún 273 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no están escolarizados, lo que supone un aumento por séptimo año consecutivo. Esto significa que uno de cada seis niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo no ejerce su derecho a la  educación. El progreso se ha ralentizado en casi todas las regiones desde 2015, con una marcada desaceleración en África subsahariana.

Las tasas de finalización aumentan cada año: dos de cada tres estudiantes completan la educación secundaria, a medida que los sistemas educativos se vuelven más eficientes. Sin embargo, al ritmo actual, el Informe GEM calcula que la finalización universal de la educación secundaria, un objetivo originalmente fijado para 2030, no se logrará hasta el próximo siglo.

En el contexto global donde el multilateralismo está cuestionado, el Informe GEM 2026 sostiene que no alcanzar un objetivo no significa que la agenda haya fracasado: el número de niños fuera de la escuela está aumentando, pero el número de matriculados también. Desde el año 2000, la matriculación mundial aumentó en 327 millones, o un 30%, en la educación primaria y secundaria. También aumentó un 45 % en la educación preescolar y un 161 % en la educación postsecundaria.

Se necesitan enfoques equitativos para ayudar a quienes se han quedado atrás a acceder a la escuela

El informe analiza los casos de éxito de diferentes países para extraer lecciones, demostrando que modificar los persistentes promedios mundiales requiere soluciones nacionales que aborden las múltiples barreras que enfrentan las y los estudiantes. Esto comienza priorizando la financiación pública y equitativa que pueda ayudar a las regiones, escuelas y estudiantes más vulnerables con transferencias a gobiernos subnacionales, a escuelas y a estudiantes y hogares, y se ha presentado un nuevo índice sobre financiación equitativa. La tasa de adopción de estos mecanismos se ha multiplicado por cuatro o seis en los últimos 25 años, aunque el índice muestra que la mayoría de los países no les han incorporado un enfoque de equidad suficientemente sólido. La presencia de los programas de alimentación escolar, que partía de una base más alta, se ha duplicado.

Los países deberían establecer objetivos nacionales en consonancia con la agenda educativa internacional.

El llamamiento más importante del informe para lo que resta de esta agenda y para una futura agenda más allá de 2030 es un cambio fundamental en la forma en que se establecen y se asumen los objetivos educativos mundiales. En lugar de una ambición universal única medida uniformemente en contextos muy diferentes, el Informe GEM aboga por un modelo en el que los países establezcan y compartan públicamente sus propios objetivos nacionales, ambiciosos pero alcanzables y genuinamente propios de cada país, tal como el proceso de evaluación comparativa del ODS 4 los ha alentado a hacer desde 2020. Esta lógica, sin embargo, puede poner en peligro los estándares comunes ya ratificados por instrumentos internacionales de derechos humanos, puede alejar los currículos nacionales de la perspectiva de respeto y conocimiento de los derechos humanos así como de la defensa de la democracia como modelo de convivencia y el pensamiento crítico o la perspectiva histórica de los pueblos. 

Las políticas también deben ser monitoreadas, no solo los resultados.

Ese mismo compromiso con la comprensión de las realidades nacionales se extiende al enfoque del informe sobre las políticas en sí. El progreso requiere ir más allá de los datos y analizar los marcos que determinan quién accede a la escuela y en qué condiciones. Una mejor documentación y mapeo de las intenciones políticas ofrece una base sólida para dicha comprensión. También es esencial para la agenda de equidad: si el objetivo es llegar a quienes se quedan más rezagados, entonces saber qué decisiones políticas se toman, quién las toma y con qué intención expresa, es una condición previa para exigir responsabilidades a los gobiernos.

La magnitud de los cambios legislativos y políticos de las últimas décadas, en consonancia con la agenda educativa global, es considerable, como lo demuestra el nuevo sitio web de PEER. Desde el año 2000, el porcentaje de países con leyes de educación inclusiva ha aumentado del 1% al 24%, mientras que el porcentaje de países cuyas leyes exigen que los niños con discapacidad reciban educación en entornos inclusivos ha pasado del 17% al 29%.

Además, cada vez más países han materializado en documentos legales nacionales el acceso a la educación como un derecho. Entre 1998 y 2023, el porcentaje de países con 12 años de educación obligatoria aumentó del 8% al 26%, y la duración media de la educación gratuita pasó de 10 a 10,8 años.

Desde CLADE y la Federación Internacional Fe y Alegría alertamos sobre algunas realidades contempladas de manera residual en el panel a nivel global: 

• Los niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela se concentran de manera desproporcionada en contextos de crisis: los conflictos, los desplazamientos y las emergencias relacionadas con el clima siguen impulsando la exclusión a gran escala. Los ataques contra la educación, los desplazamientos forzados y el colapso de los sistemas públicos dejan a millones de personas sin acceso seguro y continuo al aprendizaje.
• Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad siguen estando entre los más excluidos: las barreras persistentes —incluidas las infraestructuras inaccesibles, la falta de docentes capacitados, el estigma y la insuficiencia de recursos de apoyo— hacen que tengan muchas menos probabilidades de matricularse, permanecer en la escuela y completar sus estudios. La inclusión debe ser sistémica, no una medida secundaria.
• La exclusión por motivos de género se está intensificando en algunos contextos: las niñas siguen enfrentándose a barreras estructurales, como el matrimonio infantil, la violencia de género y las normas discriminatorias.
• El deterioro de la educación pública gratuita es una preocupación creciente: el aumento de las tasas escolares, los costes ocultos y las tendencias de privatización socavan el principio de una educación pública gratuita y de calidad. Estas prácticas excluyen desproporcionadamente a los niños y niñas de hogares de bajos ingresos y exacerban las desigualdades.
• La interseccionalidad es fundamental: Los niños, niñas y jóvenes que enfrentan múltiples formas de marginación, a menudo superpuestas —como las niñas con discapacidad en contextos de conflicto— corren el mayor riesgo de exclusión y deben ser priorizados en las políticas y la financiación.
• La discriminación racial y étnica sigue impulsando la exclusión: Los niños, niñas y jóvenes de grupos raciales y étnicos marginados —incluidas las comunidades indígenas, afrodescendientes y minoritarias— enfrentan barreras sistémicas para acceder a la educación y completarla. Abordar estas desigualdades requiere políticas e inversiones basadas en enfoques antirracistas y la participación comunitaria.

Por último y también importante, para poder abordar el reto de la equidad, los sistemas educativos necesitan de un mayor compromiso financiero público. Por eso, Fe y Alegría, CLADE y el movimiento global que es la Campaña Mundial por la Educación convoca en abril su Semana Mundial de Acción por la Educación (SAME), centrada en la financiación de la educación pues reitera el análisis de la Campaña sobre los contextos de financiación de la educación presentado durante la 4.ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) en Sevilla, las injusticias estructurales como la tributación regresiva, el endeudamiento excesivo y las medidas de austeridad impuestas por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han limitado el margen fiscal de los países en desarrollo y profundizado las desigualdades. En los países de bajos ingresos, la deuda pública asciende a un promedio del 72 % del PIB —el nivel más alto en 18 años— y muchos gastan más en el pago de la deuda que en sus presupuestos de educación.

La deuda, la austeridad y la falta de financiación de los sistemas públicos afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, las personas negras e indígenas, las personas con discapacidad y las poblaciones marginadas.