22 de septiembre 2021

Donde los pobres claman por justicia y el derecho a una vida digna…
Donde hay un niño sin escuela y un adulto con ganas de aprender allí está Fe y Alegría”.

Con la comunidad de Marina Kue y Capiibary anhelamos tejer esperanza mediante propuestas educativas de calidad que dignifiquen a las personas y promuevan desarrollo social.

Visita de la Hna. Nancy Raquel Fretes, ODN, Directora Nacional, P. Catalino Corvalán, SJ, Coordinador Ejecutivo, e Irma Samudio, Coordinadora del Programa de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR), a los participantes ubicados en Curuguaty y Marina Kue Departamento de Canindeyú y en Capiibary, Departamento de San Pedro.

“En Marina Kue están aproximadamente 170 familias y allí PREBIR está presente con los adultos ayudándoles a que puedan terminar su escolar básica, y más que culminar su estudio es que ellos puedan tener esa oportunidad de reunirse, de pensar juntos, de elaborar proyectos que puedan ayudarles a ellos a mejorar su entorno, su calidad de vida. También Fe y Alegría está acompañando en la parte pedagógica a una escuela que depende de otra escuela estatal, que por una resolución de escuela extensiva está funcionando allí en el asentamiento. Están aproximadamente 120 niños, niñas y adolescentes desde el nivel inicial hasta el noveno grado. Rescato y destaco en este sentido que los profesores están trabajando Ad Honorem y que están dando todo de sí para que estos niños y niñas puedan realmente cumplir y acceder a ese derecho a la educación. Y allí está toda la comunidad puesta con su esperanza en lo que hace la Asociación y lo que podría hacer la sociedad por ellos: acceder a ese derecho de su tierra propia, acceder a una calidad de vida, acceder a la educación, y Fe y Alegría está acompañando en este momento ese proceso tan importante. Y esperamos que todos podamos aportar nuestro grano de arena, extender nuestros brazos para que ese sueño se haga realidad”, relató Irma Samudio, coordinadora del PREBIR.

Con respecto al trabajo realizado en Capiibary, agrega que “no hay mucha diferencia, en relación a que allí también está Fe y Alegría donde no llega el asfalto, donde la calle, en este caso, no tiene nombre”. El equipo se reunió con un grupo de participantes que destacaron la labor de la Asociación a través del programa de alfabetización de adultos con el PREBIR en donde también han denotado las ganas y el deseo de continuar, además de haber solicitado que Fe y Alegría pueda ayudar a la comunidad a organizar, fortalecer y mejorar su calidad de vida con algún proyecto de auto sustentabilidad y auto sostenibilidad.

“Y venimos con esas ganas, con ese desafío de poder ayudar desde lo que somos, desde lo que hacemos, a que haya esa transformación personal, esa transformación comunitaria por un Paraguay más justo y solidario entre todos”, concluye Samudio.

Contexto caso Marina Kue y Curuguaty

El 15 de junio de 2012, durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el distrito de Curuguaty (departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay), se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes, con el resultado de once campesinos y seis agentes de policía muertos y un número aún indeterminado de heridos por arma de fuego. Este incidente generó una situación de crisis de derechos humanos que rápidamente se transfirió a una crisis política de efectos perdurables que, como consecuencia inmediata, conllevó la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo Méndez y el quiebre del orden democrático constitucional instaurado en el 2008, tras la victoria electoral de una alianza política compuesta por sectores democráticos de centro derecha y de izquierda, al que se sumaban además organizaciones sociales.

En julio de 2016 fueron condenados once campesinos y campesinas a penas de entre treinta y cuatro años por los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso consumado y en grado de complicidad para tres mujeres. La condena fue apelada por la defensa. El adolescente RB fue condenado por invasión de inmueble y asociación criminal en un proceso abreviado con suspensión de la pena a cambio de que confesara que brindaba apoyo logístico a los ocupantes, pues fue detenido cuando llevaba comida a su hermano que se encontraba en el campamento.

Entre tanto, fueron sobreseídos Juan Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Correa, quienes fueron imputados y permanecieron presos por haber concurrido al hospital regional a averiguar si entre los muertos y heridos se encontraban heridos o familiares. Resultó igualmente sobreseída la joven Raquel, quien al momento de los hechos era menor de edad, por defectos del proceso como la no realización de la pericia sicológica para determinar su grado de madurez sicosocial, una diligencia obligatoria en el proceso penal adolescente. El sobreseimiento fue apelado por la fiscalía, que insiste en que el estudio sea realizado al inicio del juicio oral para determinar cuál era la madurez de la joven hace cuatro años. También fue sobreseído Felipe Nery Urbina, quien había sido imputado por frustración a la persecución penal a raíz de que al pasar por el lugar vio a una persona herida al costado de la ruta e intentó auxiliarla.

La muerte de los campesinos no fue investigada, puesto que el Ministerio Público sostiene que los once labriegos fallecieron tras la reacción en legítima defensa de los agentes policiales ante el ataque de los ocupantes. Según el escrito de acusación del fiscal Jalil Rachid, los campesinos planearon una emboscada y pusieron como señuelos a las mujeres con niños en sus brazos para tomar desprevenidos a los agentes. La investigación de las denuncias por tortura y ejecuciones arbitrarias no tuvo ningún avance en la Fiscalía de Derechos Humanos, que se excusa de hacer pesquisas sobre las ejecuciones alegando que los homicidios no están en su ámbito de competencia. (Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kué, elaborado por CODEHUPY).

En Marina Kue construyeron una escuela denominada “Mártires de Marina Kue” que fue inaugurada en 2017 que funciona en el asentamiento que se instaló en el lugar donde ocurrió la tragedia del 15 de junio de 2012, ubicado en el distrito de Yvy Pytã, departamento de Canindeyú. Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty reclaman que las tierras sean destinadas a la reforma agraria en memoria de quienes fallecieron reivindicando la recuperación de unas 2.000 hectáreas de un inmueble público irregularmente explotado por la firma Campos Morombí, propiedad del político colorado Blas N. Riquelme, fallecido pocos meses después de la matanza.