El acceso a la justicia para mujeres y niñas en el centro de la agenda global en la CSW70

Macarena Romero y Miriam Sandoval
Fe y Alegría Internacional

La cita anual de Naciones Unidas sobre la Agenda Feminista Compartida: garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas

En marzo de 2026 se celebrará en Nueva York la 70a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), uno de los principales espacios multilaterales donde se negocian y evalúan los compromisos internacionales en materia de igualdad de género. Su alcance no depende únicamente de los Estados, sino también de la participación activa, organizada y crítica del movimiento feminista y de la sociedad civil, especialmente a través del Foro paralelo de ONG.

El eje central será el acceso a la justicia de mujeres y niñas, entendido no como la mera existencia de leyes, sino como la posibilidad real de ejercer derechos, obtener protección y reparación frente a las violencias en sistemas que siguen siendo desiguales y poco accesibles.

Este debate se desarrolla en un contexto internacional marcado por el debilitamiento del multilateralismo y el cuestionamiento del derecho internacional. El genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania y otros conflictos evidencian de forma extrema cómo los intereses geopolíticos se imponen sobre los derechos humanos. Estos conflictos vuelven a mostrar una realidad reiterada: las guerras y el militarismo no son neutrales. Golpean de forma específica y agravada a las mujeres, a las niñas y a las poblaciones civiles, profundizando las desigualdades previas y multiplicando las violencias.

Al mismo tiempo, la ofensiva de la ultraderecha contra Naciones Unidas y órganos como el Comité CEDAW, la CSW u ONU Mujeres busca frenar avances conquistados por décadas de movilización y organización ciudadana. Desde Fe y Alegría afirmamos que sin acceso real a la justicia no hay igualdad posible. Y que sin participación activa, crítica y sostenida de las organizaciones civiles los compromisos internacionales corren el riesgo de quedarse limitados. Por eso insistimos en la necesidad de pasar del discurso a la rendición de cuentas.

El indicador 5.1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una herramienta clave para medir el compromiso real de los Estados con la igualdad jurídica. No se limita a constatar si existen leyes, sino que evalúa si los marcos jurídicos son capaces de promover, hacer cumplir y supervisar efectivamente la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Su seguimiento muestra una realidad incómoda: ningún país cumple plenamente con estos estándares y las mayores carencias se concentran de forma persistente en la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual.

El indicador evidencia así la brecha entre los compromisos formales y los derechos efectivos. En esa misma línea, la Recomendación General número 33 del Comité CEDAW es muy clara: el acceso a la justicia no se mide por la existencia de normas,sino por la capacidad real de las mujeres para reclamar derechos, ser escuchadas sin estereotipos y obtener una reparación efectiva. Es precisamente ahí donde los Estados siguen fallando. Interpela directamente a Estados, porque deja claro que legislar no es suficiente. Obliga a garantizar que la justicia sea accesible, disponible y de calidad, con recursos adecuados, profesionales formados y mecanismos reales de rendición de cuentas.

La violencia sexual sigue siendo infradenunciada, infrarregistrada y desigualmente atendida según el territorio. Afecta de manera distinta según la edad, el origen, la situación administrativa, la discapacidad o la posición socioeconómica.

Como se manifiesta las limitaciones de acceso a justicia, en nuestros contextos según las problemáticas que se  viven cotidianamente

En diversos continentes (América Latina, África y Asia), la niñas y mujeres enfrentan contextos que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. Las barreras de acceso a la justicia se manifiestan ante diferentes problemáticas: 

• Alta prevalencia de violencia basada en género (maltrato, abuso sexual, feminicidios), siendo este último una manifestación extrema de violencia de género que se incrementan en muchos países.

• Brecha Educativa: Según la UNESCO (2024), 251 millones de niñas y mujeres están fuera del sistema escolar. Las mujeres representan dos tercios de la población adulta analfabeta. El Banco Mundial advierte que las niñas tienen 2.5 veces más probabilidades que los niños de no asistir a la escuela primaria ante los conflictos armados.

• Prácticas Nocivas: El matrimonio infantil y la unión de hecho forzada es una práctica que prevalece en regiones de África, Asía Meridional y Latinoamérica. Estas prácticas persisten pese a la existencia de leyes prohibitivas. debido a la falta de denuncia, seguimiento y una cultura que ignora el interés superior de las niñas, adolescentes y mujeres. 

• Desigualdad Económica y de Cuidado: Las mujeres enfrentan mayores niveles de informalidad laboral, brechas salariales y una carga desproporcionada de tareas de cuidado no remunerado. Abuso que se intensifica en el área rural. Lo que limita su autonomía económica, su capacidad para romper vínculos violentos y sostener procesos judiciales. 

• Dificultades para transformar las denuncias en protección efectiva, debido a barreras institucionales y culturales: Persiste el machismo, la discriminación y una revictimización en el sistema judicial que provoca el abandono de los procesos. En áreas rurales, el sesgo de género y la falta de escucha institucional intensifican estos abusos.

A nivel global, más de 40 países han enmendado en la última década sus constituciones para incorporar los derechos de las mujeres y las niñas, siendo fundamental el impulso de los movimientos feministas autónomos y las organizaciones de derechos de las mujeres. Pero 22 países mantienen discriminaciones en el matrimonio, la custodia, la propiedad de la tierra, herencia, transmisión de la nacionalidad al cónyuge e hijas/os y en derechos socioeconómicos que permitan salir de situaciones de violencia de género, más aún en zonas rurales, desatendidas o afectadas por conflictos armados. 

Pero incluso cuando se logra la igualdad formal ante la ley, la justicia sustantiva (equidad en los resultados) sigue fuera del alcance de muchas, por desequilibrios de poder, desde el hogar hasta el Estado. Superarlo requiere voluntad política, financiación pública, movilización social, evidencia y no perder de vista la realidad.

En el Marco Normativo Institucional,  y en concreto en gestión institucional y políticas de protección:

• Implementamos la Política Federativa de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) como un marco de justicia social para el desarrollo integral. Actualmente, 11 países reportan avances en su implementación. 
• Políticas Nacionales de equidad de género: Siete países federados han elaborado e implementan su propia Política de Equidad e Igualdad de Género para dinamizar acciones en favor de la justicia social y la  cultura de paz.
• Políticas certificadas y programas orientados a garantizar espacios educativos seguros y libres de violencia, promoviendo el empoderamiento y liderazgo de niña, niños y adolescentes desde un enfoque de equidad. 
• Rutas de Atención: Contamos con rutas de denuncia para reportar abusos dentro y fuera de la institución educativa, garantizando espacios seguros para la niñez.

En el ámbito de acción federativa y educativa Fe y Alegría aporta a la igualdad

Ante las desigualdades sociales y la injusticia vivida por las mujeres adolescentes, niñas y jóvenes en los territorios atendidos por Fe y Alegría,  se proponen acciones de restitución de derechos y reparación del daño que aporte a la transformación y el empoderamiento de las poblaciones atendidas. 

Pedagogías para la igualdad:

Fe y Alegría impulsa un enfoque integral en los procesos educativos, que articula investigación, procesos formativos y la producción de materiales educativos  para fortalecer la prevención de la violencia y la discriminación que se concreta en:

• Materiales didácticos: Guías para trabajar la prevención de violencia de género, manuales de lenguaje no sexista, protocolos de convivencia ciudadana y guías para transversalizar la perspectiva de género en el currículum educativo.
• Capacitación: Formación continua a docentes y equipos técnicos en derechos humanos, prevención de violencia de género, gestión emocional, igualdad-equidad de género y metodologías participativas y de protección.

Enfoque en Masculinidades Igualitarias: Guías metodológicas, documentos referenciales, manifiestos sobre masculinidades igualitarias para la equidad.

Comunicación, Sensibilización e Incidencia:

El movimiento impulsa acciones estratégicas en alianza con organizaciones y comunidades educativas para visibilizar las violencias y exigir el cumplimiento de derechos. Estas estrategias incluyen:

• Fortalecimiento del trabajo con familias y comunidades para promover una cultura de protección y justicia.

• Campañas de comunicación y sensibilización sobre prevención de violencia, liderazgo, equidad, cuidado y cultura de paz. Entre las campañas destacan:
  
  
  • “Cuidado con el Cuidado”: Enfocada en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
  • “Maltrato Cero, Cuidado Infinito”: Orientada a la prevención de la violencia de género y la promoción del cuidado integral.

“La Luz de las Niñas-Nuestra Luz Brilla”: Desarrollada en coordinación con Entreculturas y CRS para potenciar el empoderamiento de las niñas y prevenir la violencia.

Fe y Alegría llama a la comunidad internacional y a los Estados

Fe y Alegría hace un llamado urgente a los Estados y a la comunidad internacional para fortalecer la prevención, asegurar una respuesta judicial integral y mejorar la coordinación interinstitucional que garantice que ninguna niña o mujer quede fuera del amparo de la justicia.

Todos los Estados han de reforzar una posición política compartida en defensa del sistema de Naciones Unidas y de sus órganos de derechos de las mujeres, así como del papel imprescindible del feminismo organizado en la exigencia de responsabilidades a los Estados.

Además, sigue siendo crucial visibilizar con claridad los déficits estructurales del acceso a la justicia frente a la violencia sexual, poniendo nombre a los nudos críticos del sistema judicial y de las políticas públicas en todos los países.

Por último, y en esto tenemos una tarea como sociedad civil, Fe y Alegría ha de seguir articulando propuestas de incidencia concretas y exigentes, capaces de traducir los compromisos internacionales en derechos efectivos e influir tanto en la CSW como en el debate político, institucional y normativo en los países donde está presente Fe y Alegría.

Sin acceso real a la justicia no hay igualdad efectiva. Porque la igualdad no se juega solo en la aprobación de leyes o en la firma de compromisos internacionales, sino en la capacidad real de las mujeres para ejercer sus derechos, para ser escuchadas sin estereotipos y para obtener protección y reparación cuando esos derechos son vulnerados. El acceso a la justicia es, en ese sentido, una prueba de la calidad democrática de nuestros sistemas y de la coherencia entre los compromisos asumidos y las políticas que se implementan.