La educación como bien público y condición de justicia social

Cada 20 de febrero, la comunidad internacional recuerda qué la justicia social es la base de la paz y  del desarrollo sostenible. Sin embargo, millones de niños, niñas y jóvenes siguen enfrentando barreras estructurales para acceder y permanecer en sistemas educativos que garanticen aprendizajes significativos. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, 2023), más de 240 millones de niños, niñas y jóvenes en edad escolar permanecen fuera del sistema educativo a nivel mundial, y millones más asisten sin alcanzar aprendizajes básicos.

Para Fe y Alegría, el derecho al aprendizaje no es un complemento del desarrollo social: es una condición estructural de la justicia. Ampliar cobertura no es suficiente si no se garantiza calidad, pertinencia, inclusión y participación en los sistemas educativos. El deber de Fe y Alegría es reclamar que para que haya justicia social, debe haber justicia económica, de género y climática y aún estamos muy lejos de estos tres ejes.  

La Conferencia y los Compromisos de Sevilla supusieron una oportunidad para ampliar las capacidades de los Estados de movilizar más recursos nacionales a través de dos Marcos vinculantes, uno sobre Cooperación Fiscal, que se está negociando estas semanas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y tímidamente, se abrió la puerta a un proceso intergubernamental (pero no una Convención como demandamos como sociedad civil) sobre Deuda Soberana también en el ámbito multilateral a través del cual se emitirán recomendaciones de reforma de la arquitectura de la deuda, que es lo que estábamos buscando como sociedad civil. En ese sentido resulta clave la participación de una serie de actores que actualmente tienen mucha relevancia dentro de la gobernanza de la deuda, y es una oportunidad para pensar hacia un proceso que después termine en una Convención de deuda que sí sea vinculante.

En el Compromiso de Sevilla, destacan cuatro horizontes positivos sobre los que seguir trabajando como sociedad civil internacional que contribuirían a la justicia económica y por tanto social:

• La creación de un Foro de deudores, donde inicialmente va a haber un intercambio, que espera ser un espacio de diálogo, y que está basado en lo que fue el club de deudores en la década de los 80 en América Latina. Idealmente, en este Foro se podría constituir en un bloque de deudores para efectos de renegociación de deuda o para efectos de negociación de condiciones de financiamiento, por ejemplo.
• La implementación de principios de financiamiento y endeudamiento responsable, que ya existe una base a partir del trabajo realizado por UNCTAD y que es el organismo que debería tener el liderazgo en en este proceso y que termine siendo vinculante.
• También se aprueba la creación de una central mundial de datos de deuda que es muy buena noticia pues es importante contar con datos agregados de la deuda, y que en este momento no existe una base de datos en ese sentido. Sin embargo, la demanda desde la sociedad civil era más ambiciosa pues se necesita un registro global de deuda donde se pueda ver quiénes son los tenedores finales de los bonos soberanos.
• Sobre condicionalidades se aprecia una una brecha entre lo aprobado y lo que se demandaba desde la sociedad civil inicialmente. Se plantean cláusulas de suspensión de la deuda en momentos de shock, como pueden ser climáticos, pero también de otra índole, como ya se vivió en la época del COVID, por ejemplo, luego esto algo que no es nuevo. Algunos acreedores han comenzado con este tipo de cláusulas pero lo ideal es que pueda ser utilizado y ampliado a todos los acreedores. 

Como sociedad civil hubiéramos querido una hoja de ruta mucho más ambiciosa de esta agenda de deuda que hace parte del puzle de la arquitectura de la deuda, que al mismo tiempo forma parte del puzle de la arquitectura financiera internacional. 

Reivindicamos el Día de la Justicia Social con una cita del Informe de Jubileo 2025:  “Resolver una crisis de deuda soberana es una tarea profundamente política y moral. En esencia, se trata de cómo se distribuyen las pérdidas entre sociedades, generaciones y actores internacionales. Y como todas las cuestiones distributivas, puede ser fuente de conflicto. La magnitud del conflicto depende de quién tenga en sus manos la deuda. Los acreedores privados utilizan el miedo a las consecuencias del impago para imponer condiciones que protegen sus ganancias, al tiempo que fuerzan a los países deudores a sufrir mayores dificultades. En ausencia de un marco jurídico global para reestructuraciones de deuda soberana, la posibilidad de lograr resoluciones justas depende en gran medida de la voluntad de todos los actores involucrados, incluidos los más poderosos, de actuar con espíritu de solidaridad”. 

En un contexto global marcado por crisis climática, transformaciones tecnológicas aceleradas, migraciones forzadas y debilitamiento democrático, la educación no puede reducirse a un servicio. Debe afirmarse como bien público y responsabilidad colectiva, sostenida por sistemas públicos fortalecidos, financiamiento estable y mecanismos de gobernanza que integren a la sociedad civil y a las juventudes en la toma de decisiones.

Con presencia en más de 20 países, y una trayectoria de casi siete décadas,, el Movimiento articula acción local e incidencia internacional. Participa en redes globales, impulsa campañas por el derecho a aprender, produce conocimiento desde la práctica educativa y acompaña procesos comunitarios que transforman territorios. Esta presencia no es periférica: forma parte activa del debate y la construcción de políticas educativas más justas.

La justicia social no será posible mientras el acceso y la calidad educativa dependan del lugar de nacimiento, del nivel de ingreso o de la estabilidad política de un país. Por ello, reafirmamos que una educación transformadora —crítica, inclusiva y comprometida con el bien común— no es una opción adicional: es una decisión política necesaria.